Conozca el problema

Foto: Arquivo Funai

“Nunca la Justicia fue tan desalentadora como ahora”.
Cacique DamiãoParidzané, de Marãiwatsédé.

En audiencia en la Cámara de los Diputados, el secretario nacional de articulación social del gobierno Dilma, Paulo Maldos reconoció que no se puede atrasar más una solución para las injusticias que arremeten al pueblo Xavante de Marãiwatsédé desde hace 46 años. Entienda por qué la retirada de terratenientes del territorio indígena puede ser más conflictiva que la de Raposa Serra do Sol.

En 1966, el pueblo Xavante que vivía en Marãiwatsédé fue retirado de su tierra a la fuerza por el gobierno militar brasileño y llevado a la Misión Salesiana São Marcos a 400 km. Allí, una epidemia de sarampión diezmó a un tercio en apenas dos semanas. En aquella época la intención del gobierno militar era liberar espacio para permitir el avance de los frentes de ocupación del Centro Oeste y de la Amazonia.

Los indígenas únicamente consiguieron retornar a una parcela diminuta de su territorio en 2004, después de permanecer acampados durante 10 meses al borde de la carretera. Al establecerse en la sede de la hacienda Karu, dentro de tierra indígena homologada en 1998, se depararon con un área cruelmente destruida. La deforestación arrasó con el 85% de Marãiwatsédé, que quedó conocida como la Tierra Indígena más devastada de la Amazonia Brasileña.

El movimiento que destruyó gran parte de los recursos naturales de Marãiwatsédé, dando lugar a extensas plantaciones de soja y pasto para bovinos, fue cuidadosamente orquestado por políticos de la región de Araguaia. Inclusive en junio de 1992, en la misma época en que Agip y el gobierno brasileño se comprometía a devolver la tierra a los Xavantes; trabajadores de la empresa italiana, concejales, alcaldes e integrantes del gobierno de Mato Grosso convocaron a la población local a ocupar e impedir el retorno de los indígenas.

Hoy, aún en territorio reconocido, delimitado y homologado desde 1998, y habiendo vencido las batallas judiciales para la salida de los terratenientes y políticos que incentivaron la invasión a la tierra indígena, las amenazas a la integridad física, cultural y territorial Xavante continúan. Ningún invasor fue retirado por el gobierno, incluso después de la sentencia pronunciada en octubre de 2010 por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, en Brasilia, reconociendo que el territorio fue invadido a mala fe, que los indígenas tienen el pleno derecho a las 165 mil hectáreas homologadas y que los ocupantes no pueden pleitear una indemnización.“Nunca la Justicia fue tan desalentadora como ahora” (Cacique DamiãoParidzané, de Marãiwatsédé).

Como era esperado, los políticos y terratenientes recurrieron la sentencia. Rápidamente, en 2011, el gobernador Silval Barbosa sancionó la Ley 9.564, de autoría del presidente de la Asamblea Legislativa, José Riva y del diputado estadual Adalto de Freitas, presentada a la población como la solución pacífica para el conflicto en Marãiwatsédé. Ya que la guerra judicial estaba siendo perdida, fueron accionadas armas políticas para inviabilizar la desocupación de la tierra indígena. La ley estadual autorizaba la permuta de áreas del Parque Estadual de Araguaia (200 mil hectáreas) como la unión a cambio de Tierra Indígena Marãiwatsédé, infringiendo, entre otros dispositivos, el artículo 231 de la Constitución Federal, que dice que “las tierras de que trata este artículo son inalienables e indisponibles, y los derechos sobre ellas, imprescriptibles”.

Tres días después de la publicación de esta ley, consciente de su inconstitucionalidad, de la manifestación de la FUNAI, que publicó una nota rechazando la medida del gobierno mato-grossense y sin cualquier indicativo de que los indígenas de Marãiwatsédé quisiesen abandonar la lucha por su territorio después de más de 45 años, el juez federal Fagundes de Deus aprobó el pedido de suspensión del proceso judicial que determinaría la retirada de los invasores.

El juez alegó: “En vista a la posibilidad de acuerdo de cara al proyecto de Ley 215/2011, aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado de Mato Grosso y sancionado por el gobernador del Estado, por el cual se autoriza la permuta del área en disputa por área correspondiente a la localizada en la Reserva Indígena Marãiwatséde, apruebo el pedido de suspensión del proceso”.

Esa actitud fue un golpe más contra los indígenas. “¿Hace cuántos años estamos teniendo paciencia? La justicia ya dio su sentencia. El abogado de los terratenientes entró con un recurso para que no sucediera su retirada. Nosotros estamos en paz, respetando al órgano federal durante todo este tiempo, esperando que la justicia defina. Los grandes políticos nos están comprando con pequeños agrados, están poniendo cebos en la cabeza de los pequeños únicamente para que concordemos con el asunto de la permuta. “No aceptamos esta ley”, declara el cacique DamiãoParidzané.

También con apoyo del estado de Mato Grosso, los políticos presionan para la creación de la sede de un municipio en el corazón de Marãiwatséde, donde existe una villa conocida como Posto da Mata, abierta por los invasores con hotel, escuela, comercio, gasolinera y hasta una unidad militar estatal.

Todavía hoy, la hostilidad de los terratenientes vecinos, alcaldes y políticos importantes de la región permiten que los indígenas sufran constantemente amenazas de muerte. Por este motivo, los Xavante se mantienen unidos en una única aldea con 800 personas, de las cuales 300 son niños y niñas, ejerciendo una inevitable presión sobre los parcos recursos forestales que quedaron en su territorio después de décadas de intensa devastación.

Xavante en los años 1960. Foto: Funai

Foto: Funai

En octubre de 2011, Greenpeace denunció la implicación del mayor frigorífico del mundo, la JBS- que había firmado el Término de Ajuste de Conducta de la Carne Legal delante del Ministerio Público Federal- en la compra de bovinos creados ilegalmente por terratenientes dentro de la Tierra Indígena Marãiwatséde. Los propios indígenas denunciaron el vertido de pesticidas próximos a la aldea, perjudicando la salud de la comunidad, y continuando las ventas de lotes y haciendas dentro de la Tierra Indígena. Sin embargo, ninguna acción enérgica de la Justicia o del gobierno ha sido suficiente para garantizar el acceso de los indios a la parte restante de su propia tierra- de la cual consiguen ocupar menos del 10%.

“Esperamos la decisión de la Justicia en esta larga lucha para expulsar a los terratenientes, pero estamos dispuestos a morir por nuestra tierra. Confiamos que este año tendremos esperanza, llegará el gran día”, dice el anciano Francisco Tsipé.

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